“La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. 

Eduardo Galeano 

El pasado 23 de junio el diario Granma publicaba una noticia sobre el proceso de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores. El bajante de la información insistía en que “los debates sobre las indisciplinas sociales, los microvertederos, la contaminación sonora y el maltrato a la propiedad social se mantienen como cuestiones fundamentales en los encuentros”. 

En diciembre de 2015, otra información del diario  Granma afirmaba que de más de 100 000 planteamientos en el proceso de rendición de cuentas anterior “cerca de la mitad se relacionan con ilegalidades e in­disciplinas”. 

Lamentablemente, la conmoción provocada por el discurso del Presidente Raúl Castro ante la Asamblea Nacional hace tres años denunciando que “se ha abusado de la nobleza de la Revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley, por justificado que fuera, privilegiando el convencimiento y el trabajo político, lo cual debemos reconocer no siempre ha resultado suficiente” no ha sido acompañado por las instituciones de la Revolución de manera eficaz y hoy la situación por él denunciada es igual o peor que entonces. 

Y es que desde hace algún tiempo el peso de estas cuestiones en esos espacios viene superando a los planteamientos relacionados con carencias materiales presentes en la vida de los cubanos como la vivienda, los viales y el alumbrado público sin que se aprecie una estrategia efectiva de enfrentamiento desde la comunicación ni la imposición de la legalidad que revierta el modo en que una minoría ejerce de manera impune sus preferencias y comportamientos barbáricos en detrimento de la mayoría.

En las grandes inversiones está previsto que el crecimiento de la actividad económica no puede ir en paralelo con el deterioro ambiental pero no son pocas las cafeterías y agromercados -estatales o o no- cuyos alrededores se han convertido en verdaderos basurales sin que se exija a sus administradores o dueños responsabilidad por ello.  

En la sesión de hace un año de la Asamblea Nacional, lo que más plantearon los diputados en las comisiones permanentes fueron robos, acaparamiento y corrupción en la venta de materiales de construcción, funcionamiento de piscinas privadas en territorios que sufren sequía y contaminación con escombros de la basura doméstica por lujosas construcciones particulares.

Sobre este último tema nadie obliga al que recibe una licencia de construcción a presentar un contrato para evacuar los escombros,  y tampoco existe una entidad a la que se le pueda solicitar, ni quien establece un negocio necesita pagar una licencia ambiental sino que recarga los ya insuficientes servicios de recogida desechos sólidos sin pagar un centavo.

Así, el estado, como hace también con los servicios de agua y gas manufacturado, se convierte en generador involuntario de subsidios para actividades que persiguen el lucro. Al equiparar los servicios básicos que se subsidian para la población  con el uso de estos con fines lucrativos  no se logra otra cosa que incrementar la desigualdad que se pretende disminuir con los impuestos. El trato igualitario en esos servicios a actores sociales desiguales no hace más que multiplicar la desigualdad, además de deteriorar el servicio para todos. 

Los que vean algún extremismo en el párrafo anterior deberían leer a uno de los ideológos de la Ilustración, Jean Jacques Rousseau, quien afirmó: “Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera”. La economía no estatal tiene mucho que aportar en Cuba pero desde temprano las reglas, y su aplicación, deben estar en función de que sumen efectivamente al bienestar colectivo y el sentido solidario de la sociedad en la que se inserta. 

La comunicación sobre lo que llamamos indisciplina social -que no es más que la aplicación individual o grupal de la ley de la selva del capitalismo en condiciones de subdesarrollo- no juega un rol disuasivo porque  casi nunca alude al costo para el infractor de agredir la convivencia ciudadana y deteriorar el espacio público, además de que utiliza canales de los que está fuera una parte significativa de las audiencias, especialmente los jóvenes. Por otra parte, las penalizaciones previstas en la legislación datan de más de dos décadas atrás, cuando la realidad económica era radicalmente distinta y una multa de cinco pesos cubanos podía ser un factor que desestimulara esos comportamientos. 

La efectividad de la reciente campaña por la erradicación del mosquito Aedes Aegypti para evitar la propagación de enfermedades como dengue, zyka y chikunguya demuestra que el pueblo responde cuando se le moviliza con argumentos, se comunica oportuna y sistemáticamente y se es coherente en la imposición de la legalidad pero no será sostenible si no se combinan la promoción de una cultura de respeto ambiental y cuidado del espacio público con responsabilidades diferenciadas y el castigo proporcional a quien la vulnere.

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